La defensa nacional, entre el punto muerto y la marcha atrás





Alberto Fernandez - Fuerzas Armadas - 20/03/20

La defensa nacional es probablemente la única política de Estado de la república. Política de Estado de características particulares, si se quiere: consiste ni más ni menos que en minimizar su rol, simulándose interés a través de la promoción de reformas que nunca llegan a concretarse, salvo impulsos esporádicos que hunden paulatinamente al sistema, camuflados históricamente según las circunstancias detrás de palmeos de espaldas, tibios reconocimientos o –en el peor de los casos- búsqueda de confluencia de intereses con fines políticos. Desde hace décadas existe la percepción acerca de que buena parte de la clase política argentina –desde dentro o fuera de la gestión, con escasas y honrosas excepciones– contribuye por acción u omisión a acrecentar la decadencia del área.

No puede descargarse toda la responsabilidad en los gobiernos de turno. Cada vez que se vota una Ley de Presupuesto, se avala la continuación de un proceso de ahogamiento que se traduce en el atraso tecnológico, el funcionamiento con necesidades básicas insatisfechas y la parálisis del entrenamiento. A todo ello se debe sumar la injusta situación respecto de los haberes, cuyo blanqueo por etapas se inició en el anterior período presidencial, pero quedó lejos de concretarse en su totalidad. Los juicios consecuencia de esa situación no sólo postergan las aspiraciones del personal, sino que debido a los continuos embargos impuestos por la Justicia han afectado por años el funcionamiento de las fuerzas.

Con el advenimiento de una nueva administración el 10 de diciembre de 2015, creímos que nos encontrábamos ante la oportunidad histórica de revertir el proceso. Sin embargo, el área no pudo escapar a la tibieza generalizada. No fue posible perforar el techo impuesto y los avances logrados, ciertamente a medio camino, son ahora objeto en su mayoría de retrocesos. Ni siquiera se pudo completar el desagravio de oficiales cuyas carreras se vieron afectadas por causas ajenas a su desempeño profesional.

Las circunstancias de encierro que nos tocan vivir no parecían las más adecuadas para iniciar una discusión sobre esta temática. Sin embargo, el reciente decreto 571 del PEN (que en lo fundamental retrotrae la reglamentación de la Ley de Defensa a su versión del año 2006) y la conformación de una comisión para encarar modificaciones a las Leyes de Personal y de Reestructuración de las FFAA obligan a recoger el guante y salir a dar discusión sin complejos ni silencios cómplices.

Las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior son instrumentos legales que han contado con amplio consenso del universo político. Respondieron a necesidades de su época y han venido sirviendo a su cometido a lo largo de décadas. Los escenarios internacional y nacional de los años en que fueron promulgadas difieren sustancialmente de los actuales. Un país que ha sufrido atentados del nivel de los que hemos tenido en la década del 90 no puede cimentar el andamiaje de su seguridad en definiciones que atrasan casi 50 años. Para la modificación de la Ley 19.101 de Personal Militar el ministro Agustín Rossi expuso, como uno de sus argumentos -por cierto válido- que tenía medio siglo de vigencia. Seamos justos: el puntapié inicial de esa reforma se inició, como no podía ser de otra manera, con una comisión en 2018.

Para ponernos en situación, mientras se daba a conocer la declaración de la ONU mencionada por el decreto 571/20 en sus fundamentos, aún se combatía en Vietnam, la Guerra Fría estaba en unos de sus puntos álgidos, el muro de Berlín llevaba de existencia menos años que los que faltaban para su caída y el mundo se acomodaba en orden a una confrontación oeste-este que no excluía la posibilidad de empleo de armas nucleares. Entre nosotros, la lucha antisubversiva se encaminaba a un empleo creciente de las FFAA por parte de un gobierno constitucional y se mantenían las hipótesis de conflicto con países vecinos. Vendrían luego en menos de una década la escalada del conflicto con Chile y la Guerra de las Malvinas.

Pero verdades a medias terminan contribuyendo a la confusión. Limitarse al alcance del artículo 1° de la Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y omitir el 3°, que lo detalla (y que incluye a “el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos”) y el 4°, que expresa que “la enumeración de los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la Carta”, no da la impresión de jugar limpio. Por otra parte, resulta comprensible que la ONU emplee en sus definiciones la figura del Estado, por cuanto su razón de existencia está atada a la de los estados.

Por supuesto que la solución no es policializar a las Fuerzas Armadas. Tampoco militarizar al resto. Mucho menos duplicar esfuerzos o superponer jurisdicciones. Llevar el debate por ese camino es caer en los clichés característicos de un sesgo ideológico que acusa u oculta deliberadamente situaciones según el color político de los actores, ya fueren personas o países.

Cuando en el año 2011 se decidió establecer el Operativo “Escudo Norte”, a través del decreto 1091/2011, se expresó en los considerandos, con irrefutable lógica, “que las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina presentan características orográficas que facilitan especialmente la incursión al territorio nacional de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes” y “que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer un operativo específico que tenga por objetivo incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina, así como la aprehensión y judicialización de los incursores ilegales”. Atento a ello, en su artículo 5, se dispuso “Instrúyese al Ministerio de Defensa para que, en el ámbito de su competencia, adopte todas las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción nacional por parte de las Fuerzas Armadas”. ¿Es que acaso, y en línea con el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional N° 727/2006, se preveía la posibilidad de una “agresión de origen externo perpetrada por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”? Porque, de tratarse de apoyo a las fuerzas de seguridad, otro parecería que tendría que haber sido el enunciado. Y si de operaciones de combate en el ámbito interno se tratara, debió declararse el estado de sitio, cosa que no sucedió.

Ahora nos encontramos ante una situación parecida, estando en vigencia los mismos instrumentos legales. No nos engañemos: si se limitan al extremo las posibilidades de empleo de las FFAA, seguimos inmersos en el círculo vicioso de quiénes no justifican su razón de ser más allá de lo formal, por una suerte de lista de chequeo de instituciones que se aceptan unidas a la existencia misma del Estado, pero que perduran por su propio instinto de supervivencia. Las FFAA tienen por naturaleza una sola misión, que las orienta a la defensa de los intereses vitales de la Nación, y en el marco de esa misión cumplen distintas funciones y ejecutan diferentes tipos de operaciones en la paz, la crisis y la guerra.

Las marchas y contramarchas de 2018 y 2020 demuestran que en asuntos como la defensa nacional es necesario un consenso político que otorgue previsibilidad a un área en donde cada golpe de timón se traduce en años de formación, perfeccionamiento, incorporación de equipamiento y entrenamiento. Hoy cursan en las escuelas superiores quienes conducirán a las fuerzas dentro de 15 o 20 años. Si ya de por sí es difícil explorar escenarios futuros, qué nos queda si nos mantenemos mirando al pasado.

El tenor de las críticas desde distintos sectores nos hace avizorar el peligro de que el péndulo siga en movimiento, con toda la carga de imprevisión y desgaste físico e intelectual que conlleva. La disyuntiva no es mantener o derogar, sino elaborar algo nuevo. Salir de la opción punto muerto o marcha atrás y definitivamente arrancar de una vez hacia adelante. Sería necesario en ese sentido fomentar una revisión integral de todo el plexo legal relacionado con la defensa y la seguridad. Y arribar a consensos propios de una política de Estado virtuosa.

Continuar emitiendo directivas que en su concepción se asemejan a un libro blanco se traduce en dificultades insuperables para el planeamiento estratégico militar, que requiere disponer de los riesgos y amenazas concretos que la estrategia nacional debería prever para el corto, el mediano y largo plazos. Definir esos riesgos y amenazas, cuya mención genérica y pública da lugar a continuación en cualquier país normal del mundo a precisas directivas clasificadas, es responsabilidad ineludible del nivel más alto de conducción del estado. Disfrazarlos para que sean agradables a los oídos de propios y extraños es, apelando a una figura de actualidad, como modificar la escala de los termómetros para que nadie acuse fiebre alta. Podemos disentir en el cómo, pero vamos por muy mal camino si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en cuándo somos agredidos.

*Coronel (Retirado), ex subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar

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