SE CASTIGA LA CORRUPCIÓN EN BOLIVIA O LA IMPUNIDAD ES LA REGLA





La Voz de Tarija

Las formas de corrupción es definida como la utilización discrecional y privada de los fondos públicos, aprovechando arteramente los privilegios que otorgan el poder y el ejercicio de prominentes cargos en las esferas estatales, generalmente, e incluso en el ámbito privado como el caso de COTAS en Santa Cruz de hace un par de años atrás, o del caso ENTEL, YPFB, o, aviones de la FAB para uso particular, de reciente data. Estos sucesos surgen debido a la tolerancia de los ámbitos públicos hacia las conductas corruptas y la posibilidad de su impunidad cuando son investigadas y qué, lamentablemente, nunca son comprobadas, por lo menos escasamente demostradas por fallos definitivos y condenatorios, que es lo menos que existe en los titulares de los medios. Pasado el escándalo de una que otra escaramuza investigativa o judicial, el silencio sepulcral, lamentablemente, es la regla. Una mano invisible echa tierra sobre lo sucedido y punto final. El latrocinio quedó oleado y sacramentado. El pacto de silencio entre políticos que a su turno delinquirán, parece la regla.  Estudios politológicos, muestran los comportamientos corruptos como la avidez de utilizar de forma privada los bienes públicos para satisfacer intereses estrictamente particulares y de grupo. La “privatización de lo público” se manifiesta tanto a través de la apropiación ilegal del dinero y bienes del Estado mediante la violación permanente de las leyes y reglamentos que se han dado bajo distintas formas, de cuyo mejor ejemplo fue la mañosa capitalización y privatización de las principales empresas publicas del periodo de la salvación “porque Bolivia se nos muere”, inolvidable frase bajo cuya figura se produjo una apropiación perversa de dos centenas de empresas estatales que corrieron mejor suerte en manos privadas que nunca beneficiaron  al “pueblo propietario”. En toda América Latina en el periodo del “neoliberalismo salvador” existieron fronteras invisibles que no permitieron diferenciar claramente lo público de lo privado, o su figura legal era muy tenue, que quedó invisible a los ojos de las mayorías, aún cuando la resistencia a estos acontecimientos salvadores de la economía tercermundista imperante, las principales organizaciones laborales se opusieron tenazmente en varios países, como en el nuestro, sin ganar ninguna batalla social o política.

Durante el transcurso social, económico y político desde la recuperación de la democracia del superado proceso anterior, -gobiernos militares-, en los cuales se dieron idénticas prácticas corruptas y, en lo que vino después como periodo democrático, se han sucedido diversidad de gobiernos donde una mayoría de los partidos políticos casi nunca solos, gobernaron Bolivia y pusieron su propio sello de corrupción; y, si esto fuera poco, también estuvieron salpicados del narcotráfico en los gobiernos militares de García Meza y Arce Gómez, con MNR-ADN, y cuando no con el MIR, situación de corruptela que llegó al sumun delincuencial con el gobierno de la dictadura azul del MAS. Esos hechos han dejado nombres para la historia como el de Oso Chavarría, Huanchaca, La Gaiba, narco avión, Techo de Paja, Roberto Suarez, Gral. Sanabria y otros casos que se pierden en la memoria boliviana como el de las famosas Libras Esterlinas, o tal vez fueron solo parte de los mitos y leyendas de la historia política boliviana.?!.

Desvalijar las arcas del Estado parece ser la meta de ciertos políticos y no políticos, pero que acceden a espacios públicos de la mano de jefes de partidos o altas autoridades del ejecutivo. No son pocos los escándalos, por ejemplo en este periodo democrático, suscitados en DIRCABI, Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, de cuya custodia desaparecían bienes incautados al narcotráfico: dineros, joyas, vehículos, inmuebles, tierras, haciendas y, otros. Al parecer este era un preciado botín, como en su momento fue el FONDIOC, pues sus responsables eran políticos de confianza del gobernante de turno, que accedían a esos cargos, no ganando precisamente concursos de méritos ante convocatoria pública. Sin olvidar el bullado caso del consorcio de jueces y fiscales en el caso de Jacob Ostreicher, donde hacienda, ganado, maquinaria y miles de quintales de arroz se diluían. O el caso de las más alta acción criminal para tapar casos de corrupción en el tema caminos suscitado contra su primer ejecutivo José María Bacovic, ex presidente del Servicio Nacional de Caminos quien falleció por la presión de los 46 cargos en su contra iniciados por el gobierno del MAS para sacarlo del medio por su posición critica y férrea sobre contrataciones millonarias que la nueva entidad de caminos había definido y cuyo desenlace se produjo por la “ruta” de sus juicios que lo llevaban de un lado a otro del país provocándole descompensaciones criticas a su salud, que acabaron con su vida.   Un caso por demás “anecdótico” fue lo obrado por Evo Morales   en noviembre de 2011, el Presidente del Estado Plurinacional en un acto donde participaron algunos grupos campesinos, entregó a la “comunidad” de un sector del agro altiplánico vehículos que habrían sido incautados por las Fuerzas Armadas en la frontera con Chile.  Y no olvidemos las relaciones con el narcotráfico en un caso muy sonado: del general de Policía, René Sanabria, Comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en los años 2007-2009 y Director del Centro de Inteligencia delMinisterio de Gobierno, acusado de fabricar droga y exportarla hacia Estados Unidos. Fue apresado en Panamá el 24 de febrero 2011 y extraditado, acusado de enviar 144 kilos de cocaína a Miami. Fuentes policiales, indicaron que Sanabria facilitó el “traslado de droga desde Bolivia a ocho países: entre otros a Canadá, México, España, Ucrania, Turquía, Nigeria, Hong Kong “. Otro ejemplo de la transparencia del MAS ha sido el manejo arbitrario y delincuencial del INRA y del Ministerio de Desarrollo Rural junto al Viceministerio de Tierras y la ABT, Administración de Bosques y Tierras, que han generado muchos casos de corrupción en la gestión de Nemesia Achacollo que luego pasó al FONDIOC, con idéntico perfil de hechos. Huelgan otros ejemplos de la envergadura del significado de corrupción en un país que ingresaba de mano del pueblo a un proceso de cambio.

Este preámbulo, parece ser ocioso en estos tiempos de pandemia y postergación de elecciones, que tiene a Bolivia en vilo desde noviembre de 2019 y cuya frenética carrera, en ambos casos, oculta de la memoria política reciente, los escandalosos casos de corrupción ocurridos entre el 2006 y 2019, todos denunciados y hechos noticia en titulares de todos los medios, sobre los cuales no se tiene una información certera que diga que están procesándose en la justicia. Es increible, pero salvo contadísimas excepciones, ningún político aludió en este periodo pos salida del MAS, el asunto de la corrupción denunciada a voz en cuello los casos registrados durante 14 años. Silencio total, absoluto. Nadie sabe y nadie dice nada de los centenares de hechos denunciados y que supuestamente, debieran estar bajo un debido proceso. La parafernalia del cambio de gobierno transitorio y la pandemia, de pronto ha echado un velo oscuro, muy oscuro sobre la corrupción de 14 años de bonanza y tiranía azul, ni qué decir de gestiones anteriores.

Para que la memoria no nos juegue una mala pasada, recordemos algunos casos denunciados,sin aclaración, sin investigación y menos sanción -la complicidad del silencio denunciada por la prensa nacional-  en el primer gobierno del MAS 2006-2008: Denuncia de cohecho del Gobierno hacia el Viceministerio de Telecomunicaciones; Adjudicación sin licitación, a empresa brasilera OAS para la construcción de carreteras, por parte del SNC; Reclamo de autoridades paraguayas por  protección a ciudadanos involucrados en el secuestro y muerte de la hija de un ex Presidente paraguayo; Caso “Ibero América” sobre la intención de vender hidrocarburos a precios más bajos, en violación al decreto de nacionalización, que provocó la destitución de Jorge Alvarado de la Presidencia de YPFB y salida de Andrés Solís Rada como Ministro de Hidrocarburos; Narcotraficante aprehendido en España, que tenía cartas de recomendación del Presidente del Senado Santos Ramírez; Visas a favor de ciudadanos chinos, caso que involucró al ex Diputado masista y  Asambleísta de la Constituyente José Bailaba que según denuncias vendió 140 pasaportes c/u a 10.000 dólares; Compra de 100 computadoras sin licitación con dinero de multas aplicadas al sector del magisterio, caso que involucró al ex Ministro de Educación Felix Patzi; Denuncias sobre invitaciones al transfugio pagado con dineros venezolanos para senadores suplentes de la oposición para posibilitar la  aprobación de los 40 contratos con las petroleras; Contratación de un asesor extranjero acusado de ser supuesto terrorista por el gobierno peruano, Walter Chávez, buscado en su país por terrorista del MRTA;  Reuniones de altos Dignatarios de Estado con el proscrito movimiento terrorista ETA de España; Intromisión y conflicto de intereses en el asesoramiento y contratación de abogados por parte de la empresa PDVSA de Venezuela para contratos de YPFB; Suscripción de 40 contratos petroleros con errores legales e irregularidades en sus anexos; Contrataciones de consultoras petroleras recientemente organizadas y sin experiencia en trabajos de auditoría para investigar a las empresas petroleras; Viaje a Cuba de 12 funcionarios eventuales de YPFB con gastos pagados por ese país y entrega de pasajes y viáticos a cargo de YPFB (caso Rugrats amigos de  Oscar Morales Olivera ex presidente de YPFB, destituido luego de decenas de fotografías en Cuba en “lugares inapropiados”, supuestamente fueron a un “curso de capacitación); Hurto en un depósito de armas y municiones de la Fuerza Aérea de Bolivia, en marzo de 2008. El Comando General de la FAB, instauró un Sumario Informativo Militar, concluyendo que habían sido sustraídos 2.000 cartuchos 9 milímetros y otras 50.000 unidades de munición de guerra y sustracción de chalecos antibalas, cambiados por “chalecos chutos”, fusiles desaparecidos y munición punto 50, que según pesquisas, habrían sido vendida como chatarra a fundidoras; Descuentos a efectivos militares (cascos azules) en misiones de las Naciones Unidas en el Congo;  Alquiler de equipo militar del Estado boliviano en las misiones en el Congo;  Venta de Avales otorgados por dirigentes y diputados del MAS para optar a cargos en el Poder Ejecutivo y otras entidades (se denunció  4.000 avales vendidos entre 400 y 1.000 dólares);  Venta de 273 tractores donados por la cooperación internacional en el departamento de Santa Cruz, que involucró al ex ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente Hugo Salvatierra; Casos de nepotismo en la contratación de parientes de funcionarios del Poder Ejecutivo; Venta ilegal de pasaportes para viajeros a España en Santa Cruz, Cochabamba y Oruro que involucró a Directores departamentales de Migración (cada pasaporte con “trámite rápido con dispensación” entre 500 y 1000 dólares); Denuncias de cohecho en el SENASIR Santa Cruz; Viajes del TAM para llevar pasajeros a Europa utilizando equipos de propiedad del Estado boliviano, pasajeros bolivianos que nunca fueron embarcados hacia España; Uso indebido y desaparición de bienes incautados al narcotráfico por funcionarios de DIRCABI, políticos y otros dirigentes masistas que involucró a su Director Nacional destituido Rember Pedraza; Violaciones a disposiciones legales a la libre carnetización, al ser manipuladas por personas ajenas a la Policía Nacional y el traslado de información de las fichas de registro a otras dependencias del ministerio de gobierno (venezolanos y cubanos?); Contrabando de diesel, gasolina y productos alimenticios, por ciudadanos comunes y miembros de las FFAA;Destitución de tres sucesivos Gerentes de Lotería Nacional por contratos lesivos al Estado con Casas de Juegos (19 contratos a mayo de 2008);Una investigación efectuada por el periódico La Razón, publicada en una edición del 2009, estableció que en el mercado de la coca de Villa Fátima en La Paz: en el segundo piso, una veintena de hombres picaban en máquinas moledoras la coca hasta dejarla desmenuzada.

El Estado, como conjunto de instituciones, muchas veces se volatiliza ante el efecto negativo de los costos que una conducta corrupta representa para cualquier país pobre. El ineficiente uso de los recursos al ejecutar programas sociales se ve dramáticamente influenciado por los costos adicionales que la corrupción agrega, destruyéndose las mínimas capacidades estatales para afrontar los conflictos del desarrollo. Organismos internacionales han establecido que en los países del “tercer mundo” casi un 35% de los recursos se pierden en terceras manos y estructuras mafiosas creadas y que no se aplican en procesos de desarrollo.No olvidemos que, desde febrero de 2009, figura en la Constitución Política del Estado Plurinacional en el Capítulo Segundo, Principios, Valores y Fines del Estado, Artículo 8.- “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama quella; ama llulla, ama sua (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón).”  A todas luces, el pueblo consintió qué bajo este fuerte contenido de llamado a la honestidad y honradez desde la Carta Magna y un gobierno declarado de cambio, la corrupción seria erradicada de la administración pública. El MAS, hizo campaña anticorrupción para las elecciones de diciembre del 2005, sectores populares y clase media “entendieron” que era la única forma de acabar con la corrupción. Evo Morales Ayma, captó el 53,7% de los votos y se quedó 14 años.  Todo terminó en una falsa ilusión. El “segundo hombre” de la Dirección Nacional del MAS, “con llave” del Palacio Quemado, presidente del Senado y luego presidente de YPFB, Santos Ramírez, fue detenido en la cárcel de San Pedro, tenía planificado junto a sus socios, apropiarse de mil millones de dólares que el Gobierno debía invertir en la estatal petrolera YPFB, durante su gestión, a través de adjudicaciones a empresas fantasmas como Catler-Uniservice, manejada por sujetos no pertenecientes al MAS ni al proceso de cambio, pero sí, a la clase oportunista y corrupta de siempre.  Esta señal, preveía que nada había cambiado en eso de la lucha contra la corrupción, de la cual el MAS demostró que ningún slogan o propaganda sobre moralidad u honestidad es valida, si las intenciones más aviesas de delincuencia, se manifiestan y suceden gracias a las posibilidades abiertas y libres que otorga el poder político.

En este contexto, veamos en el último periodo del gobierno del proceso de cambio, denuncias de corrupción entre 2015-2019: Desfalcos a YPFB alcanzan a 13 millones de dólares; Sobreprecios en la adquisición de semillas por EMAPA; Cumbre de la Madre Tierra en Tiquipaya en un despilfarro de Bs. 102 millones; AIR Catering BOA tráfico de influencias a un costo de 18 MM de $us; Terrenos “adquiridos” para la planta Gran Chaco 9 MM de $us, nunca se constató la ubicación de los terrenos; Planta Separadora Gran Chaco en Yacuiba costo $us 603 MM, sobreprecio denunciado de $us 200 MM; Canal 7 BTV por compra de equipos y otros por 800 MM de Bs.; Barcazas Chinas daño denunciado $us 33 MM; Planta de Bulo Bulo costo $us 846 MM, sobreprecio denunciado $us 400 MM; BOA más de 500 contratos sin licitación; Proyecto de la ex CORDEPAZ para la planta de San Buena Ventura para producir caña de azúcar adjudicada a CAMCE con sobreprecio de $us 82 MM; Compra de tres taladros por la empresa DRILLMEC por $us 148 MM con sobreprecio; FONDIOC con un desfalco de $us. 290 MM; Ministerio de Defensa y FF.AA., desfalco de Bs. 200 MM; Ingenio de Huanuni con un costo de $us 50 MM,  con sobreprecio y no dispone de agua para su funcionamiento; Desfalco a Banco UNION; Primera Planta Río Grande, empresa CATLER por $us 800 MM con sobreprecio, caso coima Santos Ramírez y muerte de  Jorge O’connor Darlach; Empresa pública Papel Bol/Cartón Bol, Bs 176 MM, con sobreprecio de $us 7 MM;  Lacteos Bol Ivirgazama, costos $us 200 MM, proyecto fracasado; Cumbre G7/China, despilfarro de Bs 200 MM; Desfalco en el SIN, Santa Cruz, Bs. 5 MM; etc.,etc.

Un elemento en la actualidad será saber si la clase política, tiene intenciones serias, por lo menos, de investigar y aclarar en el ámbito jurídico penal el derrotero que han seguido estos y otras denuncias que escapan a la memoria. El otro elemento es saber, si los aprontes electorales tienen en sus programas de planes de gobierno el insertar seriamente las acciones conducentes a fortalecer diversas nociones pedagógicas sobre la estructura y los alcances de un Estado eficiente, orientado hacia el uso transparente y profesional de los fondos públicos. El conocimiento como fuente de transformación tiene en la administración del Estado las condiciones imprescindibles para identificar a la gestión pública con la tecnología institucional que pondría en funcionamiento diferentes políticas y capacidades para erradicar la corrupción del gobierno central y subnacionales, que en la materia tienen su propia historia oscura.

La sociedad civil debiera formular diagnósticos para medir la transparencia,  como parte de un control social hacia  la gestión pública. La sociedad civil debiera trabajar respecto su capacitación para entender los alcances de la ética que implica el debate de un conjunto de principios morales que contribuyan a un relacionamiento más humanizado de los individuos, anteponiendo los preceptos de un comportamiento que inspire la solidaridad y aceptación de las necesidades de la sociedad, antes que el cálculo político para apropiase del dinero público o manipular de manera inhumana a las personas en función de cualquier objetivo de poder. Desenmascarar a quienes tienen cargos electos o que forman parte del ejecutivo nacional o departamentales, que por ejemplo, se roban la Caja Chica asignada a determinados niveles o que extorsionan a personal contratado para apropiarse de altos porcentajes de cada sueldo y durante los periodos de contrato con el que han favorecido a personas que asumen este despojo, por necesidad.  Existen espacios públicos en los que esto es norma, ley, y, donde la cultura del robo se ha naturalizado a extremos que forman parte de la “cultura de la administración pública”. Erradicar este componente vicioso parece trabajo de titanes, pero el “dejar hacer y dejar pasar”, aún como expresión de referentes políticos “inmaculados” debiera ser parte de las propuestas de la sociedad civil para dar fin con esta rémora para el desarrollo, como se ha visto.

Una posible estructura curricular para educar en estrategias que erradiquen la corrupción en el sector público podría girar en torno al análisis del Estado moderno y la posibilidad de generar una administración pública consciente y correctiva de sus errores en la práctica y en hechos concretos que demuestren que este vicio político, que está por encima de toda ideología, pues se ha comprobado que roba el derecho, el del centro y el izquierdo, así de simple, rateros todos. El impacto de la corrupción sobre las capacidades estatales destruye la confianza social en el Estado. Se debiera formar a la sociedad civil en estrategias de movilización para fortalecer el Estado de Derecho y limitar la proliferación de arbitrariedades y latrocinios en cualquier puesto público. Así podrían efectuarse campañas sistemáticas contra la corrupción en los medios de información y el sistema educativo.

Estos hechos, evidencian que lo que el boliviano quiere y exige, es la honestidad y honradez en la administración pública, posibilidad que niegan los dictadores que se consideran salvadores de la sociedad y, que llegan al poder mediante el engaño. Falsedad que con astucia pregonan los políticos para encaramarse en lo más alto del poder del país y que, una vez que lo consiguen, aplican la tesis maquiavélica de que es preferible ser temido a ser amado, y embisten contra todo aquél que disiente con sus formas de pensar y actuar. Son los “dictadores democráticos” que imponen su voluntad contra la del pueblo con tal de eternizarse en el poder para saciar su apetito voraz y delincuencial, antes que pensar en el bienestar del desarrollo para su pueblo votante.

por: Eduardo Claure

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